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El gobernador Jorge Capitanich suscribió hoy el Decreto 955 que propicia la promulgación de la ley Nº 7573 de autoría del Poder Ejecutivo, por la cual la provincia del Chaco adhiere a la normativa nacional 26.052 de Estupefacientes. “Esta ley provincial consiste en la adhesión a la Ley nacional 26.052 que reforma el artículo 34 de la Ley 23.737, lo que significa la capacidad de intervención en el ámbito provincial de lo que se denominaría delitos de narcotráfico de menor cuantía”, destacó el mandatario provincial en conferencia de prensa desarrollada en Casa de Gobierno.

 

Tras recordar que la iniciativa se logró con un consenso importante luego de evaluar su funcionamiento en otras provincias del país, Capitanich aseguró que a través de este instrumento jurídico “queremos combatir tenazmente a los famosos dealers”. “O sea, a los distribuidores de marihuana y cocaína. Tenemos un mapa perfectamente relevado y necesitamos tener herramientas ágiles para combatir frontalmente este delito”, agregó.

La norma también propicia la creación del Fuero contra el Narcotráfico, el que estará integrado por un Juzgado de Garantía en la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, dos Fiscalías de Investigación Antidrogas y un Defensor Oficial. “Entendemos que este fuero especial garantizará rápidamente el proceso de carácter judicial”, precisó el gobernador del Chaco.

De la conferencia de prensa también participaron el ministro de Gobierno, Javier Oteo; el secretario de Seguridad, Marcelo Churín; el procurador general y el procurador adjunto, Jorge Canteros y Miguel Fonteina; José Luis Alberto Aguilar, juez de la Cámara federal de Apelaciones de Resistencia y el subsecretario de Seguridad Púbica y Participación Ciudadana, Mauro Flores.

 

Combate frontal al narcotráfico

Durante el contacto con los medios de comunicación desarrollado en la Sala de Prensa “Escobar-Pezzano” de Casa de Gobierno, Capitanich rememoró que desde el gobierno provincial se han intentado múltiples formas para combatir el narcotráfico. “Logramos la incautación de 70 veces más de cocaína, diez veces más de marihuana, seis veces más de procedimientos que en el período 2003-2007 y tuvimos siete veces más de detenidos. Pero esto no acabó con el problema, por lo que queremos tener más herramientas para combatir más frontalmente el delito de narcotráfico”, indicó Capitanich.

En este sentido, se refirió al programa impulsado por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner de casi 2000 millones de pesos de inversión para la prevención y el incremento en la capacidad de atención de adicciones. “Con las Casas Educativas Terapéuticas y las Casas Educativas para Prevención Local de Adicciones vamos a tener un esquema que permitirá la atención y capacidad en 18.000 plazas disponibles para este año. O sea, vamos a pasar de 2000 a 18 mil plazas, una multiplicación por nueve”, explicó.

“Esta nueva herramienta (por la ley Nº 7573) puede coadyuvar, cooperar y ayudar a resolver este flagelo. Lo queremos hacer y por eso estamos asignando los recursos necesarios y suficientes. Creemos que al ser un procedimiento más rápido, ágil y dinámico, podemos afrontar esta dura lucha contra el narcotráfico erradicando a todos los dealers que están traficando y jugando con la vida de nuestros hijos”, concluyó Capitanich.

Así finalizó: “Advertimos que existen consumidores porque existen distribuidores y narcotraficantes. Necesitamos quebrar las cadenas de distribución, generar una cadena de recuperación de adictos y la concientización colectiva de la ciudadanía para combatir frontal y tenazmente este delito”.

 

Oteo: “La lucha contra el narcotráfico fue siempre una política de Estado”

El ministro de Gobierno, Javier Oteo se refirió a la promulgación de la normativa provincial que adhiere a la Le nacional de Estupefacientes y a la instrumentación de los elementos que permitirán a la justicia provincial y nacional actuar en conjunto en la temática. En este sentido, aseguró que “la lucha contra el narcotráfico ha sido siempre una política de Estado”. 

Tras el anuncio realizado por el gobernador Capitanich, el funcionario provincial recordó que el gobierno de la provincia “no sólo invirtió en radares, sino también en fortalecer la fuerza de seguridad”. “Por eso se triplicó la cantidad de hombres en la División de Drogas Peligrosas y también se puso a toda la Policía a trabajar en todo lo que se refiere a narcotráfico”, precisó.

Al momento de graficar la instrumentación de la lucha contra el narcotráfico, Oteo ejemplificó que la Policía Caminera no solamente se creó para el ámbito de la seguridad vial, sino también para el control en las rutas y “ha dado excelentes resultados en todo lo que se refiere a incautación de estupefacientes en transporte”. “Nos faltaba justamente este instrumento, mayor agilidad a lo que vulgarmente se conoce como kiosquitos o el dealerque vende en la escuela o en el barrio para atacar justamente con más agilidad esa parte de la cadena del narcotráfico que es justamente la que más afecta a nuestros jóvenes”, concluyó Oteo.

 

El texto completo de la norma

Artículo 1°: Adhiérase la Provincia del Chaco a la ley nacional 23.737, conforme lo dispuesto por el artículo 34, en los términos, condiciones y alcances previstos por la ley nacional  26.052.

Artículo 2°: El Poder Ejecutivo Provincial requerirá las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5° de la ley nacional 26.052.

Sin perjuicio de ello el Poder Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente ley.

Artículo 3: Crease el Fuero contra el Narcotráfico, el que estará integrado por un Juzgado de Garantía en la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, dos Fiscalías de Investigación Antidrogas y un Defensor Oficial con competencia en los delitos previstos por el artículo 34 de la ley nacional 23.737, cuyas estructuras serán determinadas respectivamente por el Superior Tribunal de Justicia y por la Procuración Fiscal. Los Fiscales y el Defensor ejercerán sus funciones en forma alternativa en cualquier Circunscripción Judicial, conforme criterios de oportunidad y conveniencia. Asimismo deberá disponerse la creación de Ayudantes Fiscales con afectación específica en las demás Circunscripciones Judiciales.

Artículo 4: Los Juzgados de Garantías ya existentes en las Circunscripciones II – III – IV – V y VI, tendrán competencia en los términos de la presente.

Artículo 5: Los Tribunales de Juzgamiento serán los Juzgados Correccionales o Cámaras del Crimen actuales que en razón de la competencia territorial y entidad del delito correspondiere.

Artículo 6: Establécese como prioritaria la aplicación del procedimiento de flagrancia previsto en los Artículos 436 Bis, Ter y Quater de la ley 4583 y sus modificatorias- Código de Procedimiento Penal de la Provincia.

Artículo 7: Sin perjuicio de las partidas presupuestarias asignadas, las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y el producto de su venta, serán destinados a la prevención, asistencia y rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes.

Artículo 8: Dispónese en los términos y condiciones que fije la reglamentación, la coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia del Chaco a fin de ejecutar las acciones que fueren pertinentes para impedir el ingreso y tránsito de drogas dentro del territorio de la Provincia del Chaco. A estos fines se autoriza al Poder Ejecutivo la adquisición inmediata y en forma directa de los recursos tecnológicos y logísticos que fuere menester, como asimismo la determinación del lugar de alojamiento para detenidos o procesados hasta tanto se cuente con la infraestructura adecuada.

Artículo 9: “El Consejo de Seguridad Provincial convocará a funcionarios y magistrados de la Justicia Provincial y Nacional, a fin de colaborar en establecer los mecanismos de trabajo en conjunto en función de lo normado por el Artículo 17 segundo párrafo de la Ley 6976 de Seguridad Pública Provincial, debiendo propiciar convenios o protocolos que permitan compartir información, datos y cualquier otro elemento que resulte eficaz en la lucha contra el narcotráfico, evitando que la investigación en delitos atribuidos a la competencia Provincial, interrumpa o entorpezca la línea de investigación en delitos de mayor complejidad a cargo de la Justicia Federal, en virtud de lo normado por el Artículo 3 de la Ley Nacional 26.052”.

Artículo 10: “Inmediatamente de conocido un hecho que pudiere encuadrar o ser de competencia federal, deberá comunicarse inmediatamente a las autoridades respectivas de la Justicia Federal a fin que tome la intervención correspondiente. Sin perjuicio de ello, la Justicia Provincial podrá realizar todas las medidas urgentes y necesarias, individualizar a los autores  y participes, reuniendo y conservando las pruebas útiles”.

Artículo 11: La destrucción de los estupefacientes y demás elementos a los que se refiere el Artículo 30 de la Ley Nacional 23.737, será realizada a través del procedimiento que fije el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General de la Provincia, de acuerdo con principios de celeridad, transparencia y contralor jurisdiccional.

Artículo 12: Establécese que las causas en trámite alcanzada por la presente ley, continuarán su tramitación por ante el fuero en el que se estuvieren sustanciando.

Artículo 13: El Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que se financiará la implementación de Instituciones para desarrollar el cumplimiento de las medidas de seguridad curativas previstas en los Artículos 16 y siguientes de la Ley 23.737.

Artículo 14: Esta ley entrará en vigencia a los sesenta días de su promulgación, quedando el Poder Ejecutivo facultado a prorrogar dicho plazo en razón de circunstancias no previstas al momento de la sanción de la presente ley.

 

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