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22 Junio 2017
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Ante las declaraciones públicas de los diputados de la oposición respecto del endeudamiento solicitado por el Gobierno Provincial y la propaganda que ha desplegado al respecto, los diputados del Bloque Justicalista emitieron un documento para aclarar distintas cuestiones.

 

El peso de la deuda pública en las gestiones radicales pasó de ser del 76,1% en 1996 a tener un pico de 334.4% en 2002. Haciendo una comparación con el contexto actual, el ratio de deuda pública/recursos totales en 2016 -en el primer año de gestión de Peppo- alcanzó el 34.7%, es decir la mitad de 1996, y apenas una décima parte del aciago 2002, donde la provincia gobernada por los radicales tuvo que declarar el default de su deuda.

 

Para poner en relación: Si los ingresos en 2016 hubiesen aumentado en términos reales lo que crecieron en el primer año de gestión de Nikisch, cuando gobernaba Néstor Kirchner, la Provincia hubiese recibido de coparticipación $ 15.526,48 millones más de lo ingresado efectivamente, recursos con los que claramente el déficit de 2016 se transformaría en superávit, e innecesario solicitar autorización para financiarlo mediante deuda.

 

Pero sucede que en 2016 los recursos nacionales cayeron un 12,6% en términos reales, o sea $2584,9 millones menos; mientras que Nikisch tuvo un crecimiento en términos reales de los ingresos nacionales de 34%, en 2004. Este espectacular crecimiento de los ingresos le permitía a Nikisch hacer algo que prometió y que no hizo, pagar las deudas de sentencias de empleados judiciales que ya se encontraban firmes cuando el administraba los destinos de la Provincia.

 

Los años en que gobernó Nikisch coincidieron con el de mayor crecimiento económico en 4 décadas. En 2005 (segundo año de gestión) los recursos de origen nacional aumentaron un sobresaliente 23%, cuando la inflación era apenas del 10%.

 

Como vemos, son contextos absolutamente diferentes, incomparables, y no hace falta explicar que la bonanza que vivió Nikisch no fue mérito propio sino de la política desarrollada por el gobierno de entonces que expandía el PBI a un ritmo promedio del 8,5% anual.

 

Por otro lado, desmentimos la información que difunde la oposición, sobre la solicitud de endeudamiento sin límites de montos. El texto del proyecto de ley elevado lo fija claramente cuando dice en su artículo 18 “Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar operaciones de crédito público por hasta un monto necesario para cubrir las necesidades de financiamiento del ejercicio 2017, que resultará de la suma algebraica del resultado financiero más las fuentes financieras, provenientes de endeudamientos previamente autorizados, menos las aplicaciones financieras”, lo que significan $ 3.637,36 millones, expresados en las planillas anexas que forman parte del presupuesto.

 

Lo expuesto es para demostrar que la necesidad del financiamiento surge de la realidad no de un capricho del gobierno, y que las comparaciones efectuadas por los diputados de la oposición sólo buscan confundir a la población y privar al gobierno provincial de una herramienta necesaria en el escenario vigente.

 

Crédito para financiar déficit

Recordamos que el gobernador Domingo Peppo recibió autorización por parte de la Legislatura para obtener dos créditos: El primero de ellos de $ 4.000 millones, mediante la Ley 7782 (del que efectivamente se colocaron $ 3.705.000.000) con destino a gastos específicos como por ejemplo el pago de sentencias judiciales ($ 2.150 millones), que los cuatro gobernadores que antecedieron al actual pudieron haberlo pagado, pero que le toca al gobernador Peppo afrontarlo.  Además se destinó $ 1.555 millones para la realización de obra pública, directamente desde el Estado Provincial o a través de los municipios, que incluye el edificio legislativo.

 

La segunda autorización otorgada ha sido la de la Ley 7821, que en 2016 significaron fondos por 1410 millones de pesos, que la misma Legislatura, por iniciativa de los diputados radicales, afectó a obras públicas y préstamos a municipios.

 

Con esto queremos decir que las autorizaciones otorgadas no son viables para financiar el déficit que las cuentas públicas arrojaron en 2016 y que se proyectan hacia 2017, producto este déficit de la política nacional en materia económica, que generó una fuerte caída de los ingresos de todas las provincias por la recesión y la reducción de impuestos coparticipables.

 

La solicitud que el gobierno le hace a la Legislatura es para financiar el déficit que no es más que una situación donde los gastos superan a los ingresos, y que de no contar con el financiamiento del mismo deberían recortarse gastos, entre los que no pueden descartarse los sueldos, poniendo en riesgo la prestación de servicios públicos. No está de más insistir que el déficit es consecuencia de la política nacional, del cual los diputados radicales forman parte.

 

Firman:

Hugo Sager; Lilian Alonso; Darío Bacileff Ivanoff; Beatriz Bogado; Roberto Bracone; Orlando Charole; Élida Cuesta; Viviana Damilano; María Lilian Fonseca; Ruben Guillón; Claudia Panzardi; Enrique Paredes; Elda Pértile; Ricardo Sánchez; Celeste Segovia; Mirta Tichy; y Héctor Vega.

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