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En 2005, por ley 5582, se creó en el Chaco la Comisión Provincial por la Memoria, un ente integrado por organismos de DDHH y representantes de los tres poderes del Estado cuyo objetivo es investigar, reconstruir y dar a conocer la verdad histórica de los hechos ocurridos en los años de dictadura militar, autoritarismo y terrorismo de Estado.

 

Ese hito, hecho realidad por nuestros diputados, tardó todavía unos años en ponerse en marcha formalmente, pero cuando lo hizo, se puso al hombro la recuperación de la identidad de las personas desaparecidas en la provincia (que nacieron aquí, que militaron aquí o que estuvieron aquí por última vez). Una herramienta fundamental también para asegurar el éxito de los Juicios por la Verdad.

 

La Comisión Provincial por la Memoria es el mayor compromiso activo que un Estado democrático puede tener hacia quienes, fueron perseguidos, torturados y desaparecidos por el propio Estado durante una etapa dictatorial.

 

El Registro Único de la Verdad del Chaco arrancó con una nómina abierta de 138 desaparecidos, que hoy supera las 160 personas. Es lícito suponer que la cantidad de víctimas de la dictadura en el Chaco fue mucho mayor, ya que las persecuciones en zonas rurales, de las que hubo escasas denuncias, eran moneda corriente, como lo atestiguan los sobrevivientes de las Ligas Agrarias. Esto significa que la tarea de la Comisión Provincial por la Memoria está lejos de haber terminado.

 

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La recuperación de la Democracia significó para nuestro país la oportunidad de echar luz sobre la etapa oscura que se cerraba, y a poco de asumido el ex presidente Raúl Alfonsín creó la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), cuyo informe final, el “Nunca Más”, había logrado recabar denuncias sobre 8961 desaparecidos y 380 centros clandestinos de detención.

 

El Juicio a las Juntas fue el primer paso, pero profundamente criticado por organismos de DDHH, ya que se centró en las cúpulas militares que condujeron el proceso dictatorial. A ello se sumaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, promulgadas aún durante el gobierno de Alfonsín, y todas las acciones terminaron de empañarse cuando su sucesor, el ex presidente Carlos Menem, decretó los indultos que liberaron a más de 1200 personas, en cuya nómina se hallaban los jerarcas militares no alcanzados por la ley de Obediencia Debida.

 

La lucha de Abuelas ante la CIDH en 1998, inició un camino que terminó con la anulación de las leyes de la impunidad, cuando a instancias del CELS se produjo la primera acción de nulidad en una causa federal y luego se sancionó la ley 25.779 que -con la declaración de inconstitucionalidad de los indultos dictada por la Corte Suprema- abrió el camino, tarde pero seguro, a los Juicios por la Verdad.

 

Según el CELS, actualmente hay unos 666 condenados (50 fallecidos) y 59 absueltos por delitos de lesa humanidad. Hay un total de 2.389 militares y miembros de fuerzas de seguridad acusados (1.200 permanecen libres, 1.132 están detenidos y 49 son considerados prófugos). 452 acusados están muertos, y todavía hay 344 civiles acusados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.

 

En Chaco, el primer juicio contra una docena de genocidas fue el llamado Causa Caballero, con condenas en diciembre de 2010 de entre 15 y 25 años de prisión por torturas a detenidos políticos en la ex Brigada de Investigaciones (hoy Casa de la Memoria) y en la Alcaidía de Resistencia.

 

Actualmente transcurre la denominada Causa Caballero 2. Los imputados son Gabino Manader, sub Oficial Mayor de la Policía del Chaco, José Francisco Rodríguez Valiente Comisario General  de la Policía del Chaco, José Marin,  Sargento de la Policía del Chaco, Ramón Esteban Meza,  Comisario General  de la Policía del Chaco, Luis Alberto Patetta Teniente Primero del Ejercito Argentino, Enzo Breard, Cabo Primero de la Policía del Chaco, Albino Luis Borda, Suboficial Principal  de la Policía del Chaco, Jorge Ibarra, Suboficial Principal de la Policía del Chaco, Miguel Pelozo y José Tadeo Luis Bettolli Teniente Coronel  del Ejército Argentino. Además fueron sumados al juicio el ex comisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el ex comisario Miguel Garbi, mano derecha de Azar, como imputados en el expediente sobre el secuestro y torturas a una joven detenida política en el ex centro clandestino de la Brigada de Investigaciones.

 

 

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Si la década kirchnerista fue clave para que la Justicia avanzara con contundencia sobre las causas por crímenes de lesa humanidad, su finalización significó el despertar del discurso por el olvido. Sólo en 2016 unos cincuenta militares accedieron al beneficio de la prisión domiciliaria, y la sociedad argentina, en parte agobiada por el cambio de modelo, apenas reparó en estas preocupantes acciones (preocupantes no por ilegítimas sino por ser parte de un progresivo enrarecimiento de la búsqueda de la verdad).

 

Por eso es necesario que este 24 de Marzo, más que nunca, reflexionemos sobre la importancia de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y hagamos votos para que los 30.000 desaparecidos sean 30.000 identidades recuperadas.

 

 

La Memoria de un pueblo no tiene partido político, y todos juntos debemos bregar para  tener vivo este pasado que marcó nuestra historia como país, pero que también es parte de la identidad de un sociedad que lucha por los derechos humanos

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